6 | LA NUEVA ESPAÑA Gijón Domingo, 31 de octubre de 2021

Ricardo Gayol García, abogado de profesión, lleva casi toda su vida vinculado a la ONCE, en la que llegó a ocupar cargos de dirección durante más de una década.

Fundó la Plataforma Unitaria de Encuentro para la Democratización de la ONCE (PUEDO), en 2003, y llegó a concurrir a las elecciones de la entidad en 2007, pero no salió adelante. Desde entonces, Gayol muestra una visión crítica ante la gestión de una entidad que, entiende, debería potenciar su función social. En los últimos meses, Gayol, que aunque original de Ortiguera ha desarrollado gran parte de su carrera en Gijón, ha tenido un papel activo en la redacción del acuerdo general de la ONCE con el Gobierno para los próximos diez años.
Lamenta que gran parte de sus peticiones hayan caído en saco roto.

–¿Se ha llegado ya a un acuerdo? 

–Sí, el acuerdo ya está en fase de envío al Consejo de Ministros. Ya ha pasado el tamiz de los ministerios que forman parte del protectorado de la ONCE. 
Son Derechos Sociales, Trabajo y Consumo por parte de Unidas Podemos, e Interior, Hacienda y Educación por parte del PSOE.

Sobre el tira y afloja, no hubo tanto entre el Gobierno en la ONCE, sino más bien desde PUEDO, que somos una asociación dentro de la ONCE bastante crítica con la gestión. Hemos presionado por cambios que considerábamos importantes. Queríamos que el acuerdo hablase no solo de lo que se recauda, sino también de lo que sirve a la comunidad.

–¿Cómo se gestó este acuerdo? 

–Fue una negociación entre la ONCE y el Gobierno con, a mayores, algunos grupos que incidimos como representantes sindicales y de la sociedad civil. Intervenimos, en concreto, nosotros y Comisiones Obreras. Se ha hablado del tema todo este año y se empezó a mover más el 4 de mayo, cuando tras las elecciones se nombró al nuevo director general de Discapacidad, Jesús Martín Blanco. Creo que él ha sido la pieza por la cual hubo descontento con la negociación como con el resultado. Nosotros, de hecho, aún no hemos visto el texto final.

–Se nos concedió cierto grado de interlocución, pero no surgió mucho efecto. Y a Comisiones les hicieron aún menos caso. Nosotros, es cierto, tenemos más vinculación con Unidas Podemos, yo soy activista del partido y estoy comprometido con este gobierno de coalición, pero en este tema me toca ser crítico.

–¿Qué partes del acuerdo no comparte? 

–El primer borrador que nos dieron, que es la única versión que conocemos, venía en un envoltorio muy recargado, con mucha literatura, que busca garantizar que el Gobierno va a ser favorable con la ONCE, garantizando sus posibilidades de ingreso. Nuestra preocupación inicial fue esa. No estamos en contra de que se le deje recaudar, pero queremos que esa recaudación sirva para cumplir con los fines sociales de la ONCE y no para beneficios adicionales, como es el del estatus económico de la élite que controla el grupo. Los directivos cobran hasta cinco y seis veces más que el presidente del Gobierno. Mientras, algunos trabajadores con discapacidad de la ONCE tienen serios problemas.

–¿Cuáles eran las peticiones de PUEDO? –

–A grandes rasgos, tres. La primera, asegurar que ninguna persona ciega que aspire a vender el cupón porque ya no tenga otra forma de tener trabajo, pueda acceder a ello salvo problemas de salud graves que lo impidan. Exigimos que eso se garantice. La norma vigente permite que a algunas personas ciegas, que son para quienes se ha creado la ONCE, no se les conceda esa venta. Hay personas ciegas sin trabajo. Nosotros tenemos algún caso en cartera y queremos que se resuelva. La segunda es muy grave, y tiene que ver con el mínimo de venta que se exige a los trabajadores. Son 1.050 euros diarios, pero hay trabajadores que superan esa cifra y que no se les renuevan los contratos porque, en vez de aplicar ese mínimo, que es el legal, se les aplica la media de ventas del territorio, que suele rondar los 2.000 euros. 

–¿Y la tercera petición? 

–Tenía que ver con la temporalidad, porque tiene tasas muy altas. Lo dijimos, pero no se menciona en el acuerdo final. De hecho, lo comentamos en mayo y nos pidieron que hiciésemos una versión más pedagógica de lo que queríamos decir. (Ríe). En la ONCE dicen que la temporalidad es del 27 por ciento, pero es más alta, porque ellos cuentan a toda la plantilla, y el personal administrativo tiende a ser fijo. A nosotros nos preocupa la temporalidad de los vendedores. No entendemos que esto suceda en una población tan sensible. Las tres cuestiones eran bombas de relojería y las dejaron pasar.

–¿El nuevo acuerdo es, entonces, una oportunidad perdida? 

–Totalmente, una oportunidad perdida. Porque también se quedó fuera otra cuestión que considerábamos vital: el tema del canal físico complementario. Es como se llama a la venta en quioscos y bares, un canal que está bien pero puede hacer competencia desleal a los vendedores. Queremos que se ponga un techo a ese número de puestos, porque ya hay muchos. Ahora bien, tampoco está todo perdido. Sí se ha creado una comisión disciplinaria sobre el tema de responsabilidad del juego, y en ella no estará presenta la ONCE. Es un paso pequeño, pero la aplaudimos, porque debemos repensar el papel del juego en la juventud. Dentro de un año habrá elecciones en la ONCE. Habría que pensar qué tipo de entidad queremos y cuál debe ser su función. “El nuevo acuerdo general con el Gobierno ha sido una oportunidad perdida; no soluciona los problemas de temporalidad de los vendedores” “La ONCE debe cumplir con sus funciones sociales, no solo beneficiar a su élite”.

RICARDO GAYOL GARCÍA  (Abogado), colaboró en el nuevo acuerdo general de la ONCE.

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